Por Ali Zeraatpisheh
El creciente papel de los multimillonarios influyentes en las elecciones estadounidenses ha concentrado enormes recursos financieros en manos de un reducido número de personas, capaces de ayudar a los candidatos a financiar sus campañas, moldear la publicidad política y respaldar a organizaciones que buscan influir en las políticas federales.
Elon Musk, Miriam Adelson, Richard y Elizabeth Uihlein, George Soros, Michael Bloomberg y Jeff Yass figuran entre los grandes donantes políticos cuyas contribuciones merecen un análisis detenido.
Hasta el 23 de octubre de 2026, los 50 principales donantes y organizaciones habían aportado aproximadamente 2770 millones de dólares al ciclo electoral de mitad de mandato, según The Washington Post.
Los contribuyentes alineados con el Partido Republicano representaron 1670 millones de dólares, frente a los 832 millones aportados por los vinculados al Partido Demócrata. Otros 264 millones procedieron de grupos bipartidistas y organizaciones con intereses especiales.
Musk había aportado 446 millones de dólares, principalmente a grupos políticos afines al Partido Republicano, entre ellos America PAC, Senate Leadership Fund y Congressional Leadership Fund.
Richard y Elizabeth Uihlein, el matrimonio propietario de la empresa de suministros de embalaje Uline, habían contribuido conjuntamente con 150 millones de dólares, mientras que los financieros Jeff y Janine Yass habían donado aproximadamente 110 millones a causas políticas y candidatos.
Entre los mayores donantes vinculados al Partido Demócrata figuraban George Soros, cuyas contribuciones alcanzaron los 102 millones de dólares, y el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que había aportado 84,2 millones.
El cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, y su esposa, Michelle Yee, habían contribuido con aproximadamente 41,2 millones de dólares, mientras que los inversores de capital riesgo Marc Andreessen y Ben Horowitz habían destinado unos 92,2 millones a grupos políticos, incluidas organizaciones que respaldan los intereses de los sectores de las criptomonedas y la inteligencia artificial.
Otros destacados contribuyentes fueron la multimillonaria del sector de los casinos Miriam Adelson, que había donado 67,6 millones de dólares, y el gestor de fondos de cobertura Ken Griffin, cuyas contribuciones alcanzaron los 32,6 millones.
¿Cómo financian las grandes petroleras, Wall Street y las farmacéuticas la influencia política?
La industria del petróleo y el gas ofrece un claro ejemplo de gasto político sostenido. Según estimaciones de OpenSecrets, el sector destinó aproximadamente 3100 millones de dólares a actividades de presión (lobbying) ante el Gobierno federal entre 1998 y 2025, frente a los cerca de 486,8 millones gastados por los grupos ecologistas durante un periodo comparable.
ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) figuran entre los principales participantes en estas actividades de presión, que abarcan disputas sobre las perforaciones, las normas de emisiones y el desarrollo de los combustibles fósiles.
Este gasto se ha mantenido de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026. En agosto, ConocoPhillips aportó 1,5 millones de dólares a cada uno de los supercomités de acción política (super PAC) Senate Leadership Fund y Congressional Leadership Fund, ambos alineados con el Partido Republicano, mientras que Chevron donó 750 000 dólares al primero.
Wall Street también ha intensificado sus esfuerzos para influir en la formulación de políticas federales. Un análisis de Reuters publicado en febrero de 2026 reveló que 38 grandes bancos estadounidenses, junto con siete de las principales asociaciones del sector, gastaron 86,8 millones de dólares en actividades de presión ante la Casa Blanca, las agencias federales y los legisladores durante 2025.
Estas actividades se intensificaron en medio de las disputas sobre la regulación financiera y la competencia de las empresas de criptomonedas, mientras los bancos buscaban proteger su posición en un sector financiero en rápida transformación.
Las compañías farmacéuticas afrontan una batalla política diferente, pero igualmente trascendental: el coste de los medicamentos con receta.
Un informe publicado por la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos documentó que Johnson & Johnson, Merck y Bristol Myers Squibb gastaron conjuntamente 351,6 millones de dólares en actividades de presión ante el Gobierno federal y 34,1 millones en contribuciones a campañas electorales entre 2004 y 2023.
El gasto de estas compañías coincidió con años de debates en el Congreso sobre los precios de los medicamentos y la regulación sanitaria.
Las contribuciones políticas de la industria farmacéutica han continuado durante el actual ciclo electoral. La Pharmaceutical Reform Alliance, que promueve cambios en las políticas de fijación de precios de los medicamentos, informó de que las compañías farmacéuticas, sus comités políticos afiliados y las asociaciones comerciales aportaron cerca de 17 millones de dólares a las campañas electorales al Congreso entre 2023 y junio de 2026. De esa cantidad, unos 9 millones se destinaron a los republicanos y 7 millones a los demócratas.
¿Quién financia a los políticos que deciden las guerras y el gasto en armamento de Estados Unidos?
La guerra de agresión de Estados Unidos contra Irán ha puesto de manifiesto los intereses financieros que están en juego en la política militar, ya que la agresión no provocada e ilegal ha agotado las reservas estadounidenses de armamento y ha generado presiones para aumentar el gasto en misiles, sistemas de defensa aérea y otros equipos militares.
El 19 de marzo de 2026, la revista TIME informó de que el secretario de Guerra, Peter Hegseth, había confirmado una solicitud del Pentágono de 200 000 millones de dólares en fondos adicionales, mientras que el presidente Donald Trump había pedido un presupuesto militar de 1,5 billones de dólares para 2027.
Lockheed Martin es una de las empresas que podrían beneficiarse de la demanda de reposición de armamento.
La compañía fabrica los sistemas de defensa aérea Patriot y los interceptores del sistema de defensa antimisiles de gran altitud THAAD, ambos utilizados para interceptar misiles entrantes.
El Pentágono ya había alcanzado acuerdos para aumentar la producción anual de interceptores Patriot de 600 a 2.000 unidades y la de interceptores THAAD de 96 a 400, aunque ampliar la capacidad de fabricación llevará tiempo.
Cada interceptor THAAD cuesta aproximadamente 12,7 millones de dólares, mientras que cada interceptor Patriot PAC-3 tiene un precio de unos 3,7 millones.
RTX, empresa matriz de Raytheon, también podría beneficiarse de la demanda de armamento utilizado en la guerra contra Irán.
Raytheon fabrica misiles de crucero Tomahawk y sistemas Patriot, y en febrero firmó acuerdos con el Pentágono para aumentar la producción de misiles Tomahawk y varios tipos de interceptores.
General Dynamics, Boeing y Northrop Grumman también figuran entre los principales proveedores de equipos y tecnologías militares vinculados al gasto de defensa estadounidense.
Estas empresas también destinan grandes sumas de dinero a influir en el proceso político que determina los presupuestos militares. La organización Project On Government Oversight informó en julio de que seis grandes contratistas —Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Boeing, Northrop Grumman y Huntington Ingalls Industries— gastaron conjuntamente 21,2 millones de dólares en actividades de presión política durante el primer trimestre de 2026.
Sus grupos de presión estaban presionando al Congreso en relación con la legislación militar, mientras la Administración buscaba aprobar un presupuesto militar récord de 1,5 billones de dólares.
Las contribuciones a las campañas electorales también han llegado a los legisladores responsables del gasto militar. En mayo, Defense News informó de que la industria militar había donado cerca de 5 millones de dólares a miembros del Congreso durante los primeros meses de 2026, mediante comités de acción política (PAC) y contribuciones individuales.
El representante Ken Calvert, presidente de la Subcomisión de Asignaciones de Defensa de la Cámara de Representantes, había recaudado aproximadamente 200 000 dólares procedentes de PAC y particulares vinculados a empresas armamentísticas.
Por su parte, el representante Adam Smith, principal demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, recibió cerca de 130 000 dólares de PAC del sector y directivos empresariales durante el primer trimestre.
¿Cómo utiliza el sector de las grandes tecnológicas su dinero para influir en las leyes que aprueba el Congreso?
La industria de las criptomonedas ofrece un ejemplo concreto de cómo el gasto político puede estar vinculado a una agenda legislativa.
En octubre de 2026, Reuters informó de que las empresas de criptomonedas y los grupos políticos afiliados habían gastado aproximadamente 176 millones de dólares en más de 100 contiendas electorales de mitad de mandato.
El mayor supercomité de acción política (super PAC) del sector, Fairshake, y sus organizaciones afiliadas representaron unos 150,8 millones de dólares, con importantes aportaciones de Coinbase, Ripple y la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz.
La industria ya ha conseguido un importante resultado legislativo. En 2025, el Congreso aprobó la Ley GENIUS, que estableció un marco federal para las monedas estables (stablecoins), un tipo de criptomoneda diseñado para mantener un valor estable.
El sector también busca la aprobación de la Ley CLARITY, que modificaría la regulación de los mercados de criptomonedas.
Las empresas de inteligencia artificial también persiguen sus propias prioridades legislativas. Una investigación publicada en marzo de 2026 por Sludge informó de que Innovative Future Collective, una organización entre cuyos asesores figuran grupos de presión empresariales, había patrocinado viajes para miembros del personal del Congreso con el fin de visitar compañías tecnológicas, entre ellas Meta y Amazon.
La investigación vinculó estas actividades con una campaña del sector a favor de una legislación federal que impediría a los estados imponer sus propias medidas de protección en materia de inteligencia artificial.
Las donaciones empresariales a proyectos presidenciales también han suscitado interrogantes sobre el acceso a la Administración.
Un análisis publicado en junio de 2026 por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington identificó a Meta, Amazon, Coinbase y Google entre las empresas que contribuyeron a varios proyectos vinculados a Trump.
La organización constató que 13 de los 15 mayores donantes corporativos se habían reunido con Trump o lo habían acompañado en actos o viajes.
El alcance del problema queda patente en la magnitud del gasto empresarial. Public Citizen informó en agosto de 2026 de que las contribuciones empresariales declaradas para financiar el gasto electoral federal habían alcanzado los 646 millones de dólares, incluidos 206 millones procedentes de compañías de criptomonedas y 62 millones de las grandes tecnológicas y empresas con intereses en inteligencia artificial y centros de datos. La organización advirtió de que la financiación no declarada podría elevar aún más la cifra real.
Estas cifras plantean una pregunta inquietante para la democracia estadounidense, cada vez más deteriorada: cuando los sectores empresariales pueden gastar cientos de millones de dólares para respaldar a sus aliados políticos, atacar a sus adversarios e impulsar leyes favorables a sus intereses, ¿cuánta influencia les queda a los ciudadanos, que solo disponen de un voto?
