Cincuenta y seis presos fueron liberados tras un decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y se desató la crisis
53 de los liberados cumplían condenas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. 3 por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet: torturas reiteradas, ejecuciones políticas y desapariciones forzadas.
Según los informes técnicos de Gendarmería, 33 de los 56 beneficiados presentaban alto riesgo de reincidencia, nula empatía con las víctimas y justificación de los crímenes.
Las voces en contra de la decisión del gobierno, que las autoridades calificaron de “error”, provocó una crisis incluso dentro del oficialismo. Nadie ha salido a defender el decreto, mientras aumentan las voces que exigen revertir la medida y la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, junto a los subsecretarios.
La crisis motivó a parlamentarios oficialistas y gobierno a pactar un proyecto de ley para impedir que pederastas obtengan rebaja de condenas, en un intento por acallar las críticas.
En paralelo, el Congreso disputa un proyecto de ley impulsado por diputados oficialistas, que permitiría la salida anticipada de quienes violaron los derechos humanos sistemáticamente durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Beatriz Michell, Santiago de Chile.
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