El desarrollo de proyectos mineros junto a poblaciones locales y sus fuentes hídricas, como Curipamba, en el centro-occidente de Ecuador.
El historial de derrames tóxicos de la mina Veladero en el río Jáchal y su cuenca, un bien vital para el consumo humano y la agricultura en la provincia argentina de San Juan.
O las denuncias que persisten de impedimento a la movilidad de los habitantes vecinos a la mina de Cobre Panamá, en Donoso.
Son un reflejo del impacto de las corporaciones mineras de Canadá en América Latina, respaldadas por acuerdos comerciales bilaterales que han terminado perjudicando a los entornos locales.
Se trata de una problemática de abusos y daños ambientales que Ottawa conoce desde 1999, documentada en muchos casos por sus propias investigaciones.
Dirigentes de Panamá, México, Ecuador, Argentina, Colombia y República Dominicana han reiterado estas acusaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último periodo de sesiones, donde condenaron el doble rasero de un gobierno que se promociona como un firme defensor de los derechos humanos y la democracia.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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