La ministra de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Varsen Aqabekian, instó el viernes a la UE a adoptar medidas económicas concretas contra Israel y utilizar su influencia comercial para frenar las actuaciones de las autoridades israelíes. Durante un encuentro celebrado en el Ateneo de Madrid, hizo especial hincapié en la necesidad de detener la escalada de violencia perpetrada por colonos israelíes en Cisjordania ocupada, que, según denunció, se ha intensificado desde el inicio de la guerra en Gaza.
Aqabekian participó en un coloquio junto al ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales. El debate giró en torno a las herramientas políticas, jurídicas y comerciales de las que dispone el bloque comunitario, principal socio comercial de Israel, para poner fin a la impunidad que, según la ministra palestina, caracteriza las actuaciones de las autoridades israelíes.
Aqabekian sostuvo que las declaraciones diplomáticas y los llamamientos europeos en favor de una solución de dos Estados ya no son suficientes y deben ir acompañados de medidas concretas. “Israel solo entiende el lenguaje de las sanciones”, afirmó, al reclamar a los Veintisiete una mayor determinación para ejercer presión económica sobre el régimen israelí.
La responsable palestina sostuvo que la UE dispone de fundamentos jurídicos para adoptar estas medidas, al considerar que Israel estaría incumpliendo el artículo 2 del Acuerdo de Asociación entre ambas partes, que establece el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos como elementos esenciales de las relaciones bilaterales.
En este contexto, destacó las iniciativas de España e Irlanda, países que han liderado los esfuerzos para restringir la importación y la publicidad de productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. No obstante, advirtió de que estas medidas nacionales, pese a su importancia, tienen un alcance limitado y difícilmente podrán ejercer una presión efectiva sin el respaldo del conjunto de la Unión Europea.
Las limitaciones de las medidas nacionales y las vías para eludir los controles
La aplicación de restricciones por parte de países individuales tiene un efecto limitado, tanto por su alcance geográfico como por las prácticas utilizadas para sortear los controles comerciales. Así lo expuso Jessica Stober, directora jurídica del Global Echo Litigation Center, quien presentó las conclusiones de una investigación sobre las exportaciones agrícolas israelíes destinadas al mercado europeo.
El informe, titulado ‘Importando la ocupación’, reúne pruebas relativas a cerca de 6000 operaciones de exportación de productos agrícolas israelíes hacia Europa durante los últimos ocho años. Según el documento, existe un mecanismo ‘complejo y generalizado’ que permite introducir regularmente mercancías procedentes de asentamientos ilegales como si hubieran sido producidas en territorio israelí.
Entre las prácticas identificadas figuran la mezcla de productos de diferentes procedencias y la modificación de las direcciones fiscales de las empresas exportadoras, procedimientos que dificultan la identificación del verdadero origen de las mercancías.
El Centro de Litigación Global Echo advierte de que estas operaciones responden a un patrón que contraviene la legislación vigente, los acuerdos comerciales y las políticas de la Unión Europea. A juicio de la organización, las irregularidades documentadas constituyen argumentos suficientes para abrir el debate sobre la imposición de sanciones comerciales a Israel.
El informe también recuerda que el marco del Derecho Internacional aplicable a la producción agrícola en asentamientos situados en territorios ocupados y a la posterior comercialización de esos productos se fundamenta en principios consolidados, entre ellos la prohibición de adquirir territorios mediante el uso de la fuerza y el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación.
Pese a estos fundamentos jurídicos, la Unión Europea no ha adoptado hasta ahora una respuesta conjunta frente a estas prácticas.
Borrell señala a Alemania como uno de los principales obstáculos en Bruselas
Por su parte, Borrell atribuyó buena parte del bloqueo político dentro de las instituciones europeas a las profundas diferencias entre los Estados miembros y, especialmente, a la posición de Alemania respecto a Israel.
El exjefe de la Diplomacia europea criticó duramente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien acusó de mantener un respaldo incondicional al gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu y de no haber impulsado medidas para modificar la política comunitaria hacia Israel.
Borrell puso asimismo el foco en las competencias comerciales de la Comisión Europea, que corresponden de manera exclusiva a esta institución. Según explicó, el Ejecutivo comunitario dispone de atribuciones para promover la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel si constata que alguna de las partes ha incumplido sus disposiciones.
Esta facultad, señaló, contrasta con las explicaciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha argumentado que su cargo no le permite imponer sanciones por iniciativa propia.
En sus conclusiones, Aqabekian insistió en que las dificultades políticas no eximen a la Unión Europea de sus responsabilidades jurídicas y humanitarias. La ministra reiteró que los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada son ilegales y reclamó un mayor compromiso político para transformar las declaraciones europeas en medidas concretas y efectivas.
“Existe una responsabilidad con el Derecho Internacional y el Derecho Humanitario”, subrayó, antes de advertir de que la comunidad internacional no puede seguir aplazando su respuesta hasta que se produzcan nuevos crímenes.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), entre el 1 y el 26 de octubre de 2026 se registraron 397 ataques de colonos israelíes en Cisjordania, la cifra mensual más alta desde que comenzaron los registros en 2006. Hasta julio de 2026 se habían contabilizado 1418 ataques, frente a los 1836 registrados durante todo 2025. Estos episodios de violencia incluyen agresiones físicas, daños materiales y pérdidas agrícolas.
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