Por: Mina Mosallanejad *
Los hospitales cubanos afrontan una crisis sanitaria cada vez más profunda. Décadas de sanciones estadounidenses ilegales y asfixiantes, intensificadas durante el mandato de Donald Trump, agravan la escasez de medicamentos, alimentos, equipos médicos y electricidad, poniendo en peligro la vida de los pacientes.
Los médicos cubanos luchan por salvar vidas mientras décadas de sanciones económicas de Estados Unidos, endurecidas por la Administración Trump, agravan la escasez de medicamentos, equipos médicos, alimentos y electricidad, convirtiendo los hospitales del país en escenarios de una batalla contra una crisis sanitaria cada vez más grave.
Desde preparar fórmulas infantiles improvisadas con ingredientes locales hasta bombear oxígeno manualmente para los pacientes cuando fallan los respiradores, el personal sanitario asegura que se ve obligado a luchar por la supervivencia de sus pacientes con recursos cada vez más limitados.
Los desafíos que afronta el sistema sanitario cubano quedaron recientemente reflejados en un reportaje del programa 60 Minutes, de CBS News, que examinó el impacto de la creciente presión y las restricciones estadounidenses sobre el sector sanitario del país.
En el Hospital Pediátrico William Soler, en La Habana, el doctor Alejandro Chong, jefe de la unidad de cuidados intensivos, explicó cómo los médicos se ven obligados a improvisar cuando no disponen de fórmulas infantiles especializadas.
En uno de los casos, un bebé de dos meses con desnutrición grave tuvo que recibir fórmulas alternativas elaboradas a partir de malanga, un tubérculo local, y pollo.
Chong también advirtió de que los frecuentes cortes de electricidad representan graves riesgos para los pacientes en estado crítico, especialmente para aquellos que dependen de respiradores o están siendo sometidos a intervenciones quirúrgicas.
En ocasiones, los médicos se han visto obligados a terminar operaciones utilizando la linterna de sus teléfonos móviles y a suministrar oxígeno manualmente cuando los respiradores dejan de funcionar.
La crisis va más allá de los problemas de suministro eléctrico y de nutrición infantil. Según los médicos entrevistados por CBS, también escasean gravemente los medicamentos contra el cáncer, los anestésicos y los equipos de laboratorio.
El personal sanitario afirma que cada vez tiene mayores dificultades para proporcionar a los pacientes los tratamientos que necesitan.
La doctora Lórien Rodríguez, residente de segundo año de cirugía pediátrica, señaló que la falta de personal y de recursos médicos ha complicado cada vez más su trabajo.
Añadió que los médicos se ven constantemente obligados a comunicar a los pacientes que no pueden ayudarlos debido a la falta de suministros.
La crisis también ha llevado a numerosos médicos cubanos a abandonar la profesión o marcharse del país, mientras que quienes permanecen afrontan salarios bajos y se ven obligados a buscar un segundo empleo.
El doctor Chong obtiene más ingresos de su puesto de venta de comida que de dirigir la unidad de cuidados intensivos del hospital, mientras que Rodríguez trabaja como locutora de radio para mantenerse.
La crisis que se desarrolla en los hospitales cubanos forma parte de una historia mucho más larga de dificultades impuestas por Estados Unidos a la isla, que se remonta a más de seis décadas.
¿Cómo comenzó el embargo?
El origen de las sanciones ilegales de Estados Unidos contra Cuba se remonta a la revolución que derrocó la dictadura de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959.
Batista gobernaba Cuba mediante un régimen autoritario y contaba con el respaldo de Washington debido a su postura anticomunista.
El movimiento de Fidel Castro llegó al poder prometiendo profundas transformaciones sociales y económicas, entre ellas una reforma agraria y el fin del dominio de las corporaciones extranjeras sobre la economía de la isla.
Estados Unidos reconoció inicialmente al nuevo Gobierno cubano, pero las relaciones se deterioraron rápidamente cuando las nuevas autoridades comenzaron a reestructurar una economía en la que las empresas estadounidenses habían ejercido una enorme influencia.
Una de las primeras medidas de mayor trascendencia de la revolución fue su programa de reforma agraria, introducido en mayo de 1959.
La ley afectaba a los grandes latifundios y restringía la propiedad extranjera de tierras, cuestionando un orden económico en el que las empresas estadounidenses y los grandes terratenientes controlaban una parte considerable de la riqueza agrícola de Cuba.
Posteriormente, el Gobierno cubano comenzó a tomar el control de explotaciones agrícolas, empresas y otros activos pertenecientes a propietarios extranjeros.
Mientras La Habana presentaba estas medidas como un esfuerzo por recuperar los recursos nacionales y redistribuir el poder económico, Washington las consideraba una amenaza directa para los beneficios de las empresas estadounidenses y su prolongado control económico sobre la isla.
El enfrentamiento se intensificó en 1960. Después de que las autoridades cubanas tomaran el control de las refinerías petroleras estadounidenses en junio, la Administración de Eisenhower redujo en julio la mayor parte de la cuota de exportación de azúcar cubano que todavía permitía importar a Estados Unidos.
El azúcar constituía la columna vertebral de la economía cubana y el mercado estadounidense era su principal destino. La Habana respondió nacionalizando otras propiedades estadounidenses.
El 19 de octubre de 1960, Washington impuso un embargo a las exportaciones hacia Cuba, aunque inicialmente contempló excepciones para determinados alimentos, medicamentos y suministros médicos.
Washington utilizó su posición dominante en el comercio y las finanzas internacionales para castigar al nuevo Gobierno por desafiar los intereses estadounidenses en Cuba.
La pérdida del mercado azucarero estadounidense y las crecientes restricciones comerciales empujaron a La Habana a buscar socios económicos alternativos, especialmente la Unión Soviética.
Washington pasó entonces a considerar el estrechamiento de las relaciones entre Cuba y Moscú como otro motivo para intensificar sus medidas coercitivas.
Los intentos de “cambio de régimen”
En enero de 1961, Estados Unidos rompió sus relaciones diplomáticas con La Habana.
La presión económica estuvo acompañada de acciones directas de Washington encaminadas al llamado “cambio de régimen” en Cuba.
En abril, una fuerza de exiliados cubanos, entrenada, financiada y respaldada por la CIA, invadió Cuba por Bahía de Cochinos con el objetivo de derrocar a Castro. La invasión fracasó, pero puso de manifiesto hasta dónde estaba dispuesto a llegar Washington para revertir el resultado de la Revolución cubana.
El fracaso de la invasión no puso fin a la campaña. En noviembre de 1961, Estados Unidos puso en marcha un programa de operaciones encubiertas conocido como Operación Mangosta, cuyo objetivo era desestabilizar al Gobierno cubano y respaldar los esfuerzos para derrocarlo.
1962: el embargo se vuelve prácticamente total
El 7 de febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy impuso un embargo comercial prácticamente total contra Cuba.
Posteriormente, las restricciones se ampliaron para abarcar una extensa gama de operaciones financieras y comerciales.
En julio de 1963, el Departamento del Tesoro estadounidense introdujo las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos (Cuban Assets Control Regulations), estableciendo un amplio sistema de controles sobre las operaciones financieras con Cuba y congelando los activos del Gobierno cubano sujetos a la jurisdicción estadounidense.
La década de 1990: el embargo trasciende las fronteras estadounidenses
La presión económica sobrevivió a sucesivos presidentes estadounidenses, a los cambios en el contexto internacional y al final de la Guerra Fría. Washington continuó endureciendo las restricciones.
En 1992, la denominada Ley de Democracia Cubana, también conocida como Ley Torricelli, prohibió a las filiales de empresas estadounidenses establecidas en terceros países comerciar con Cuba.
Asimismo, impidió que los buques que hubieran comerciado con Cuba pudieran entrar en puertos estadounidenses para cargar o descargar mercancías durante un período de 180 días, con sujeción a las disposiciones de la ley.
Esto significaba que las consecuencias de la política estadounidense podían extenderse a navieras y empresas que operaban fuera del territorio de Estados Unidos.
En 1996, Washington volvió a intensificar la presión mediante la Ley Helms-Burton.
Firmada por el presidente Bill Clinton el 12 de marzo de 1996, esta ley incorporó el embargo a la legislación estadounidense, dificultando considerablemente que un presidente pudiera levantarlo de manera unilateral.
Su Título III también permitió presentar demandas ante los tribunales estadounidenses contra personas y empresas acusadas de utilizar o beneficiarse de propiedades nacionalizadas por el Gobierno cubano después de la revolución.
La medida expuso a las empresas extranjeras al riesgo de acciones judiciales en Estados Unidos y convirtió el embargo en un instrumento para presionar a compañías y gobiernos mucho más allá de las fronteras estadounidenses.
La apertura de Obama y el retroceso de Trump
Un cambio significativo se produjo en diciembre de 2014, cuando el presidente Barack Obama y las autoridades cubanas anunciaron un acercamiento destinado a normalizar las relaciones bilaterales.
Ambos países restablecieron sus relaciones diplomáticas en julio de 2015, y la Administración Obama flexibilizó varias restricciones relacionadas con los viajes, las remesas, el comercio y las transacciones financieras.
Sin embargo, Obama no podía abolir el embargo por sí solo: una parte sustancial de sus disposiciones había quedado incorporada a la legislación federal por el Congreso, especialmente mediante la Ley Helms-Burton.
El presidente Donald Trump revirtió buena parte de aquella apertura. A partir de 2017, su Administración impuso nuevas restricciones a los viajes y las transacciones con entidades vinculadas al Ejército cubano, además de endurecer las normas que regulaban las relaciones de Estados Unidos con la isla.
En 2019, la Administración activó el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo presentar demandas relacionadas con reclamaciones sobre propiedades cuya aplicación anteriores administraciones habían mantenido mayoritariamente suspendida.
El resultado fue una renovada incertidumbre para los inversores extranjeros y las empresas que operaban en Cuba.
En lugar de profundizar el acercamiento diplomático, Washington volvió a una estrategia de máxima presión, cuyas consecuencias recaen sobre los ciudadanos cubanos de a pie, que apenas tienen capacidad para influir en un enfrentamiento de esta naturaleza.
Se corta la vía de suministro petrolero de Venezuela
Durante años, Venezuela fue una de las principales fuentes de petróleo de Cuba, contribuyendo a que la isla generara electricidad, mantuviera en funcionamiento el transporte y garantizara servicios esenciales.
En 2025, Venezuela suministró a Cuba una media aproximada de 26 500 barriles de petróleo diarios, alrededor de un tercio de las necesidades de la isla.
Sin embargo, Reuters informó en enero de 2026 de que los envíos ya se habían interrumpido aproximadamente un mes antes y que el último cargamento conocido, de unos 600 000 barriles, había salido de Venezuela a mediados de diciembre de 2025.
La interrupción se produjo en medio de una creciente presión estadounidense y de un bloqueo que afectaba a las exportaciones venezolanas de petróleo.
La situación se agravó aún más después de que fuerzas estadounidenses secuestraran al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero, y Washington asumiera el control de las exportaciones petroleras de Venezuela.
La pérdida de los suministros venezolanos privó a Cuba de una fuente energética fundamental en un momento en que el país ya afrontaba una grave escasez de combustible y prolongados cortes de electricidad.
El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva por la que declaró una emergencia nacional con respecto a Cuba y estableció un mecanismo para imponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de países que suministraran petróleo a la isla, directa o indirectamente.
La medida extendió la presión más allá de Cuba y Venezuela, amenazando a otros países con consecuencias económicas si continuaban suministrando combustible a la isla.
La ONU vuelve a pedir el fin del embargo estadounidense contra Cuba
El 28 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por trigésima cuarta vez una resolución que reclamaba el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
La resolución, presentada por La Habana, fue aprobada con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.
Estados Unidos votó en contra, junto con otros 16 países, entre ellos el régimen israelí.
La última votación formó parte de un proceso iniciado en 1992, cuando la Asamblea General examinó por primera vez una resolución que reclamaba el levantamiento del embargo.
En aquella primera votación, 59 países respaldaron la resolución, tres se opusieron y 71 se abstuvieron.
El apoyo internacional fue creciendo posteriormente hasta alcanzar los 191 votos favorables tanto en 2015 como en 2017.
En 2016, Estados Unidos se abstuvo por primera vez, en el contexto de la apertura diplomática de Obama hacia La Habana.
La Administración Trump volvió posteriormente a votar en contra de la resolución.
La votación de 2026 tuvo lugar en medio de una campaña de presión inusualmente intensa por parte de la Administración Trump para persuadir a otros países de que modificaran sus posiciones.
Antes de la votación, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que Washington había amenazado a distintos gobiernos con consecuencias económicas y políticas si respaldaban la resolución.
Según Rodríguez, las amenazas incluían aranceles, sanciones, restricciones de visados, suspensión de programas de cooperación y presiones sobre los procesos políticos internos de los países.
Afirmó que el Departamento de Estado estadounidense estaba ejerciendo una «presión sin precedentes» para convencer a los Estados miembros de la ONU de que cambiaran su voto.
En una declaración previa a la votación, señaló: “Es una nueva y peligrosa forma de conducir la diplomacia multilateral”.
La disputa diplomática se intensificó especialmente durante el debate celebrado en la Asamblea General el 27 de octubre.
Mientras el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, se dirigía a la Asamblea y responsabilizaba al Gobierno cubano de las dificultades económicas del país, negando los efectos del embargo estadounidense impuesto durante décadas contra la isla caribeña, miembros de la delegación cubana, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Rodríguez, lo interrumpieron y exigieron intervenir.
Rodríguez se acercó a la parte delantera de la sala y gritó al embajador estadounidense: “¡Usted es un mentiroso!”.
Waltz respondió: “¿Entiende con quién está tratando? Esto es Estados Unidos. Retroceda”.
Posteriormente, Rodríguez cuestionó las palabras del embajador estadounidense y recordó a los delegados que el debate tenía lugar en las Naciones Unidas, no en territorio estadounidense.
Al presentar la resolución cubana, declaró: “Esta es la Organización de las Naciones Unidas. Aquí nos encontramos en la capital del multilateralismo”.
En sus declaraciones previas a la votación, Rodríguez afirmó que Cuba seguiría defendiendo su independencia y no cedería ante las presiones.
«Cuba no será derrotada, no será doblegada, no se rendirá y defenderá su independencia, su soberanía y su integridad territorial hasta el final».
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también condenó los esfuerzos de Washington por influir en la votación.
Antes de la reunión de la Asamblea General, también afirmó que la Administración Trump estaba recurriendo a presiones diplomáticas y amenazas para debilitar el respaldo a la resolución, y explicó que el embargo constituye una forma de castigo colectivo contra la población cubana.
Díaz-Canel también calificó esta política de “genocidio” y “crimen flagrante”.
Al igual que Rodríguez, transmitió el mensaje de que Cuba no retrocedería ante las presiones de Washington.
Las autoridades cubanas han presentado reiteradamente la resistencia al embargo como parte de una defensa más amplia de la independencia y la soberanía nacionales, y no simplemente como una discrepancia sobre política comercial.
Sin embargo, el coste humano del embargo recae sobre los ciudadanos cubanos de a pie, cuyo acceso a tratamientos que pueden salvar vidas, suministros esenciales, electricidad fiable y alimentos suficientes se ha vuelto cada vez más precario.
Para una población de 11 millones de personas, estas presiones afectan a todos los aspectos de la vida cotidiana, deterioran la salud pública, empeoran las condiciones de vida y ponen en riesgo el bienestar de toda una nación.
* Mina Mosallanejad es periodista y escritora radicada en Teherán.
Texto recogido de un artículo publicado en Press TV
