• Denuncian intereses extranjeros tras juicios a garífunas en Honduras
Publicada: viernes, 20 de noviembre de 2026 2:50

Organizaciones sociales denunciaron que empresas extranjeras están detrás de los procesos contra defensores garífunas en Honduras, pese al fallo de la Corte IDH.

La persecución judicial denunciada por las comunidades garífunas suma nuevos episodios en Honduras. Organizaciones sociales alertan sobre el avance de procesos penales contra líderes comunitarios que defienden sus territorios ancestrales y denuncian la influencia de intereses empresariales extranjeros en estos conflictos.

El 13 de noviembre, once defensores garífunas de Cayos Cochinos, en el Caribe hondureño, recibieron un requerimiento fiscal por seis delitos, tras denuncias atribuidas a la Fundación Cayos Cochinos y a la Sociedad de Inversiones Ecológicas. Amnistía Internacional ha exigido poner fin a su criminalización.

La OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) denuncia que detrás de estos procesos existen intereses económicos vinculados al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. La organización señala que las actividades turísticas y comerciales en el archipiélago amenazan la permanencia de las comunidades en sus territorios ancestrales.

En noviembre de 2025, la Corte Interamericana condenó a Honduras por violaciones a la propiedad colectiva, la consulta previa, la identidad cultural y otros derechos de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos. Sin embargo, las organizaciones denuncian que las acciones judiciales continúan mientras las reparaciones ordenadas siguen pendientes.

La disputa también involucra el uso del territorio para producciones televisivas extranjeras. En septiembre, Amnistía Internacional alertó sobre una orden de desalojo contra defensores que protestaban por la grabación de un programa sin consentimiento comunitario.

Mientras avanzan las acusaciones contra los defensores, las organizaciones garífunas exigen el cese de la persecución judicial y el cumplimiento de las sentencias internacionales. Para las comunidades, la disputa no se limita a la propiedad de la tierra: también está en juego la preservación de su identidad, cultura y formas ancestrales de vida.

Daniel Sierra, Tegucigalpa, Honduras

ght/rba