La misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Viena ha expuesto hoy miércoles sus objeciones jurídicas y técnicas al informe del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, publicado el 13 de noviembre de 2026, sobre la aplicación del Acuerdo de Salvaguardias Amplias.
En un documento oficial, Teherán ha reiterado su postura, según la cual, los ataques militares de EE.UU. e Israel contra sus instalaciones nucleares y las amenazas continuas de nuevas agresiones en el más alto nivel político —incluidas las del presidente Donald Trump— constituyen la principal causa de las actuales limitaciones en la aplicación de las salvaguardias nucleares.
La representación iraní critica que el director general de la AIEA no haya condenado los ataques contra instalaciones nucleares sometidas a salvaguardias ni las amenazas contra científicos y especialistas nucleares. También advierte de que no existen garantías de que la información sensible a la que EE.UU. tiene acceso como miembro de la Junta de Gobernadores no se utilice para facilitar nuevos ataques. En este sentido, menciona la oferta estadounidense de una recompensa de hasta 20 millones de dólares por información relacionada con el programa nuclear iraní.
Irán subraya que el Acuerdo de Salvaguardias Amplias no contempla expresamente la aplicación de estas medidas en condiciones de guerra y considera que la eliminación de las amenazas de seguridad es un requisito indispensable para recuperar la normalidad en la cooperación con el organismo.
Rechazo del mecanismo ‘snapback’
La misión iraní también rechaza que puedan restablecerse las resoluciones y sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que, según su interpretación, ya han expirado. Sostiene que la Resolución 2231 terminó el 18 de octubre de 2025 y considera que el mecanismo de restablecimiento automático de sanciones, conocido como ‘snapback’, carece de fundamento jurídico.
Por ello, Teherán cuestiona la legitimidad de las decisiones de la Junta de Gobernadores basadas en ese mecanismo y afirma que las medidas adoptadas para ejecutarlas vulneran el Estatuto de la AIEA y los principios de las Naciones Unidas.
Irán niega haber suspendido sus obligaciones de salvaguardias
Respecto a la ley aprobada por el Parlamento iraní en julio de 2025 sobre la cooperación con la AIEA, la representación explica que fue una respuesta a las condiciones excepcionales de seguridad provocadas por los ataques contra instalaciones nucleares del país.
Al respecto, enfatiza que Irán no ha suspendido sus obligaciones derivadas del Acuerdo de Salvaguardias Amplias, aunque reconoce que las circunstancias actuales impiden ejecutar determinadas actividades de verificación de la manera habitual. Según Teherán, esta limitación responde a obstáculos objetivos ajenos a su control y no supone renunciar a sus compromisos internacionales.
La seguridad debe preceder a la normalización de la cooperación
La misión iraní reitera su disposición a mantener una interacción constructiva con la AIEA, pero reclama un proceso equilibrado y recíproco que aborde primero las causas de la situación actual, garantice la protección de las instalaciones y el personal nuclear y preserve la imparcialidad técnica del organismo.
A su juicio, exigir la reanudación de las actividades ordinarias de verificación antes de establecer las condiciones políticas y de seguridad necesarias supone ignorar los efectos de los ataques y las amenazas persistentes.
En sus conclusiones, Irán rechaza que las limitaciones actuales se atribuyan a su comportamiento y sostiene que derivan de las agresiones militares y las amenazas de EE.UU. e Israel. Afirma igualmente que está dispuesto a estudiar una ampliación de la cooperación con la AIEA cuando existan condiciones que permitan realizar las verificaciones de forma segura y eficaz.
En este contexto, las autoridades iraníes han cuestionado la eficacia de los organismos internacionales para proteger las instalaciones nucleares de los países miembros y garantizar sus derechos.
De hecho, la Asamblea de Expertos de Irán ha calificado de necesidad inevitable examinar la retirada del Tratado de No Proliferación (TNP), revisar la doctrina defensiva del país y reforzar su capacidad de disuasión.
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