La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció la inclusión de cuatro ciudadanos iraníes en su lista de sanciones. Washington los acusa de participar en una red dedicada a la venta de petróleo iraní, la recaudación y transferencia de sus ingresos en el extranjero y la realización de operaciones con empresas vinculadas a Irán, con el supuesto propósito de eludir las sanciones estadounidenses.
El Departamento del Tesoro estadounidense señaló que las sanciones se han impuesto en virtud de las órdenes ejecutivas 13902 y 13224. Las medidas contemplan el bloqueo de los activos de los afectados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y, en términos generales, prohíben a las personas y entidades estadounidenses realizar transacciones con ellos.
La nueva ofensiva económica de Washington contra Irán se produce después de la agresión militar estadounidense y de las amenazas de Donald Trump de intensificar la presión sobre la economía iraní. Tras los reveses sufridos en el terreno militar, el presidente estadounidense anunció una campaña de presión económica que calificó de “sin precedentes”, en un contexto marcado por las consecuencias de la confrontación y la creciente presión interna sobre su Administración. Teherán ha mantenido su postura frente a las medidas coercitivas de Washington.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, denunció las sanciones estadounidenses durante su intervención en la reunión de ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación Económica (ECO), celebrada el 16 de noviembre de 2026. El jefe de la diplomacia iraní afirmó que las sanciones destinadas a privar al pueblo iraní de sus derechos fundamentales han reforzado su determinación de defender sus derechos e intereses legítimos.
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